12.11.2013 11:00 AM
Manuela Gumucio sobre la TDT en Chile
El 15 de octubre, el senado chileno aprobó el proyecto de ley que introduce la TDT en ese país. Sin embargo, casi de inmediato surgieron voces críticas de la norma desde distintos sectores. Jorge J. Basilago entrevistó a Manuela Gumucio Rivas, directora ejecutiva del Observatorio de Medios Fucatel, acerca de los cuestionamientos y posibilidades de reforma de la ley.

TV Technology: ¿Cómo describiría el proceso de redacción y debate de la Ley de TDT?
Manuela Gumucio Rivas:
El proceso en Chile se ha llevado a cabo de manera sigilosa. Pocas personas conocen los alcances de la regulación y los efectos sociales de la TDT. No se han realizado programas de difusión que permitan a la ciudadanía conocer los principales aspectos de la TDT ni cómo se ha llevado adelante este proceso en otros entornos. Pocas sesiones del parlamento fueron televisadas y hubo un escaso debate público.

Sin perjuicio de ello, gracias a la articulación que en un principio realizó Fucatel, la sociedad civil logró organizarse en la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital y con ello tener una mayor incidencia en el proceso. En Fucatel hemos participado en todas las etapas del proceso, siempre tratando de que nuestra legislación se adecúe a los estándares de pluralismo y libertad de expresión.

TVT: ¿Cuáles son los aspectos más criticables de la nueva ley?
Gumucio:
En materia de televisión comunitaria, la lucha de Fucatel se centró en que estas emisoras fueran reconocidas en la ley y que se hiciera una reserva espectral en todas las zonas de servicio. Eso se logró, aunque débilmente, pues sólo fue reconocida la televisión local comunitaria; es decir, las concesiones se estructuran sobre criterios geográficos de escasa cobertura y no a partir de lo comunitario entendido como “comunidades de interés”.

Siendo así, aún queda un largo recorrido para lograr los estándares internacionales de participación de la ciudadanía en la propiedad de los medios, especialmente la televisión. Las trabas más importantes que impone esta ley son que las televisiones comunitarias no pueden actuar enlazadamente y que las mismas no podrán enajenarse.

Adicionalmente, a estas televisiones se les impone una barrera al acceso, pues en los concursos respectivos deberán realizarse audiencias públicas en que podrán controvertirse sus finalidades y/o naturaleza de comunitarios. A nuestro entender esta es una discriminación arbitraria, pues de contemplarse este requisito debió establecerse para todos los tipos de concesiones que se consagran en la ley.

Otro aspecto que consideramos, que no se condice con el trato que se les ha dado a los canales nacionales y regionales establecidos, es que a estas televisiones no se les reconoce la preexistencia, pese a que varios se encuentran operando de manera a-legal, pues la actual ley no los contempla.

TVT: ¿Qué detalles cuestionables tiene el texto desde lo tecnológico?
Gumucio:
La ley señala que al menos la transmisión de la señal principal de los canales de televisión debe realizarse en HD, pero la historia nos ha demostrado que las normas que no son neutras tecnológicamente hablando caen en obsolescencia mucho antes de lo que se espera. Siendo así, simplemente debiera decir que será en la calidad que establezca el reglamento respectivo, el que podría adaptarse de mejor manera a los avances tecnológicos.

Asimismo, se impone la obligación de retransmisión de contenidos de televisiones locales, regionales, comunitarias y educativas y culturales a los operadores de servicios limitados de televisión, bajo condiciones que hacen prever que la norma sólo será aplicable a los operadores de cable y no a los operadores de TV por satélite. Esto ha sido criticado por la industria pues consideran que con ello se afecta su libertad de decidir qué operadores incluyen en sus parrillas.

TVT: ¿Cuáles son las posibilidades reales de conseguir que se modifique la ley?
Gumucio:
Consideremos que hoy en día sigue en debate, pues el presidente de la república ingresó un veto que implicará que se vuelva a debatir en el parlamento parte de su articulado. Suponiendo que ya hayamos superado esta nueva etapa, de acuerdo a lo que contempla este proyecto de ley, una vez promulgada la ley hay varios pasos a concretar antes de la implementación efectiva de la norma. Esto hace pensar que recién a fines del 2014 se podría estar concursando concesiones a terceros distintos de los canales que migran, esto es los concesionarios VHF y UHF preexistentes.

Sin perjuicio de ello, creemos que hay que seguir avanzando hacia la democratización de los medios de comunicación en general, y la televisión en particular. Debiera enviarse algún proyecto de ley a la brevedad mejorando los aspectos deficitarios, sobre todo para mejorar las condiciones de la televisión “de diversidad”, esto es, la televisión comunitaria, regional, local, educativo cultural, etcétera.

TVT: ¿Desea añadir algo más?
Gumucio:
De acuerdo a nuestra historia, en Chile se legisla en materia de televisión cada 20 años. Por ello muchos sectores de la sociedad — Fucatel entre ellos — vieron en esta migración una oportunidad de democratizar el acceso al medio y con ello contribuir al pluralismo. Sin embargo la industria quiso entender, y con ello exigir, que este cambio sólo fuera tratado como una migración tecnológica.

Esto llevó a que en definitiva el proceso fuera bastante ambiguo, en parte modificando el modelo (régimen concesional y tibio reconocimiento a la TV de diversidad y obligaciones de servicio público) y en parte como una mera migración tecnológica (reconocimiento, prioritariamente, de los derechos de los actuales operadores).

Siendo así, la ley que se aprueba no satisface a nadie, pues algunos la consideramos insuficiente para garantizar el acceso a la televisión en pos del pluralismo y diversidad, mientras la industria establecida la considera excesiva. A ello se suma que de acuerdo a lo legislado, todo queda entregado a la voluntad política de la autoridad de turno.


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